Cuando personalidades buscan imponer su voluntad por encima de las reglas o en detrimento de otras instituciones, son los ciudadanos quienes más sufren de estas arbitrariedades
Mientras que desde el Estado usamos el argumento de que “el desconocimiento de la Ley no te exime de su cumplimiento” pareciera, en ocasiones, que el desconocimiento de la ciudadanía de sus derechos sí exime al Estado de satisfacerlos. Muchísimas veces más allá de la negligencia o incapacidad del Estado en garantizar derechos humanos básicos, es la ignorancia de los ciudadanos en materia derechos humanos el habilitador y agravante de abusos e incumplimientos del Estado.
Con frecuencia es políticamente más conveniente no hacer esfuerzos proactivos desde el Estado para velar por la garantía de derechos humanos básicos que hacerlo. Ciudadanos empoderados, participativos y conscientes de sus derechos son ciudadanos mucho más exigentes y vigilantes de las acciones del Estado y garantes del respeto a la libertad y a sus derechos.
Ahora bien, sociedades con poco conocimiento de sus derechos son poco propicias a defenderlos al momento de verlos amenazados. Los ciudadanos deben sentir los derechos como propios para poder oponerse ante los atropellos del Estado y también exigir su cumplimiento; algo especialmente importante en el caso de los derechos económicos, culturales y sociales.
Son entonces el conocimiento de los derechos y su sentido de pertinencia dos aspectos fundamentales para una sociedad donde se tenga libertad frente al Estado (es decir, un Estado que respete los derechos) y a través del Estado (un Estado que vele por el cumplimiento de derechos humanos, especialmente sociales y económicos). Sobra la evidencia empírica que respalda que sociedades con mayores libertades y respeto a los derechos humanos, son sociedades con mayores probabilidades de alcanzar el desarrollo. Pero… ¿cuál es el rol del Estado en todo este tema? ¿Quién debe asumir el reto de hacer del conocimiento público los derechos y de contribuir a que los ciudadanos se apropien de sus derechos?
Impulsando la pedagogía ciudadana
Es tarea de todo Estado que busque consolidar instituciones creíbles y sólidas, el empoderamiento de sus ciudadanos, de manera tal que se conviertan ellos mismos en los primeros defensores ante arbitrariedades y que también sean quienes juzguen a los políticos en el cumplimiento de sus promesas y políticas orientadas al desarrollo. Por ello, las políticas de pedagogía ciudadana enfocadas en el empoderamiento de los ciudadanos y en derechos humanos, deberían ser una tarea primordialmente del gobierno central, por su mayor capacidad y alcance nacional. Sin embargo, de no existir estas iniciativas o ser escasas por parte del gobierno nacional, es un deber moral de los gobiernos municipales con sus ciudadanos generar políticas de pedagogía ciudadana, especialmente cuando se enfocan en derechos que deberían ser del conocimiento de cada uno de los vecinos de un municipio.
Aun cuando ciudadanos más conscientes de sus derechos impliquen evaluaciones de gestión más severas y exigencias crecientes para los gobiernos locales y nacionales, una sociedad conocedora de sus derechos ayuda a garantizar que el propio Estado cumpla con un mínimo de condiciones necesarias para el desarrollo sostenible, independientemente de la ideología. Pudiese incluso parecer contra intuitivo para el Estado buscar ciudadanos más formados, con mayores exigencias, que puedan poner en riesgo la gobernabilidad y que impliquen mayores esfuerzos para garantizar la estabilidad en el poder. Es por ello justamente la importancia de contar con políticos y funcionarios con visiones de institucionalidad más que de populismo electoral y de una sociedad que exija ser empoderada y respetada. Son aquellos políticos que buscan el bienestar de sus ciudadanos por encima de su permanencia en el poder, quienes impulsarán este tipo de políticas de “pedagogía ciudadana”. ¿Qué gobierno busca proactivamente que sus ciudadanos lo evalúen de manera más aguda y con mayores exigencias?
Considero vital para los gobiernos locales que en contextos de poco conocimiento sobre los derechos de los ciudadanos y de esfuerzos nacientes de empoderamiento (no clientelismo o simples transferencias de recursos) terceros actores apoyen al estado en su esfuerzo. De nada sirve que un gobierno local impulse políticas de pedagogía ciudadana enfocadas en el empoderamiento ciudadano y la divulgación de los derechos y canales de cómo exigirlos si no vienen respaldados por otras organizaciones y por los propios vecinos conscientes de la importancia de este tema para la garantía de sociedades más libres, inclusivas y con mayores probabilidades de desarrollarse. La educación en derechos humanos siempre debe ser una tarea conjunta entre el Estado y sus ciudadanos.
Derechos como garantes
de institucionalidad
Cuando personalidades buscan imponer su voluntad por encima de las reglas o en detrimento de otras instituciones, son los ciudadanos quienes más sufren de estas arbitrariedades. Instituciones sólidas, con capacidad de mantener a los políticos dentro de unas reglas establecidas como sociedad (léase Constitución) son pre-requisito indispensable para una sociedad libre y de progreso sostenido.
Muchas veces y especialmente en Latinoamérica, los políticos buscan perpetuarse en el poder o beneficiarse a sí mismo o a grupos de interés a cuenta del resto de la población. Una población que en muchos casos eligió a esos mismos políticos. Esto ocurre y seguirá ocurriendo siempre y cuando las instituciones reguladoras no cuenten con un apoyo político por parte de los partidos políticos y la sociedad civil a la hora de frenar arbitrariedades o abusos de poder; parte de este apoyo o defensa de las instituciones está fundamentado en el conocimiento de los derechos, las leyes y las consecuencias de violentarlas, por lo que es la pedagogía ciudadana fundamental para la institucionalidad
La Voz de los Derechos Humanos
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Santiago Rosas
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